Entre los acuerdos aprobados en junio en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados para establecer medidas de reactivación del país tras la crisis ocasionada por la Covid, una de las medidas incluidas era aprobar un régimen sancionador de lucha contra la morosidad, que permite corregir las actuales prácticas abusivas en materia de plazos de pago y que afectan de forma especial a autónomos y pequeñas empresas.